Nueve puntos… y un rábano

Menos de una semana han tardado, desde la investidura de la “excelentísima” Carme Forcadell como Presidenta del Parlament, en presentar ante la Mesa del Congreso una propuesta de ley para iniciar cuanto antes el proceso hacia la República Catalana. Como era de esperar, la Mesa ha aceptado dicha propuesta e iniciará su tramitación. Son nueve puntos los que conforman el documento cuyo fin es alcanzar esa libertad tan reivindicada. Nueve puntos que, obviando mencionar las carencias de fundamento jurídico, no se sostienen siquiera por si mismas, y basta con que las leamos solo con un poco de calma:

[Texto original]

Texto original

En primer lugar, el Parlament constata que puede comenzar un proceso a la independencia en vista de las pasadas elecciones, basándose en una supuesta victoria de las fuerzas políticas independentistas. Basta con hacer un poco de memoria para recordar que Junts pel sí ganó en escaños (62), pero no en votos (39%), además de resaltar que la segunda fuerza más votada fue Ciudadanos (17%). Si a lo que se refiere es al apoyo que han recibido de la CUP (con unos resultados “espléndidos” de un 8.2% en votos y 10 escaños), entonces, bienvenidos a su democracia, dónde para ellos el fin justifica los medios, cuando no es así. Es una idea nefasta la de creer que por recibir soporte de un grupo parlamentario que a duras penas representa el pueblo (y que, por cierto, su única motivación política es alcanzar la independencia), creen tener el derecho de hablar en nombre de todos los catalanes.

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En segundo lugar, declara solemnemente el inicio del proceso de creación de un nuevo Estado Catalán independiente que tendrá forma de república. Es lógico, todo proceso independentista se inicia de este modo. Desde luego, Escocia y Kosovo, por mencionar un par de ejemplos, lo único que hicieron fue perder el tiempo entre tanto papeleo innecesario. ¿Para qué recibir el apoyo del Estado del que se fragmentan, o de la Unión Europea en el caso de Kosovo, si pueden declararlo ellos mismos?

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Tercero. Proclama la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo con tal de preparar las bases de la futura constitución catalana. ¡Ah! La Constitución catalana, se nos olvidaba. ¿Y quién la va a redactar? Creo recordar que la Constitución del 78 se hizo con la colaboración de siete miembros de diversos partidos que hicieron, sin duda, un trabajo impecable. Pero una Constitución cuyo objetivo es convertirse en la norma suprema de un Estado que ni siquiera quieren la mayoría de ciudadanos que lo integrarían, ¿están seguros de que será un proceso ciudadano y participativo? Me voy a abstener ante las cualidades de abierto e integrador, porque claro está que todo el procedimiento en sí carece de dichas cualidades, y si ahora no las respetan, ¿quién garantiza que vayan a ser respetadas en un futuro?

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Cuarto. Insta al futuro gobierno a que adopte las medidas necesarias para hacer efectivas las declaraciones. Recurramos un momento al Estatut, la norma primária de Catalunya, y que tanto se ha luchado por él. Su artículo segundo, apartado cuarto, que hace referencia a la Generalitat, luce lo siguiente: “Los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña y ejercen sus poderes de acuerdo con lo que se establece en este Estatuto y en la Constitución”. Que yo sepa, hasta ahora la Constitución no ha sido más que su enemigo. Pero, a pesar de ello, siempre he tratado de considerar éste tema sin tener que fundamentarme en leyes, ya que claro está que para ellos estas no son una justificación válida. Sin embargo, resulta irónico que los mismos que aprecian tanto el Estatut obren ahora en contra de él.

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Quinto. Considera pertinente iniciar en el término máximo de treinta días la tramitación de las leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública. Treinta días. La cuestión es construir un nuevo Estado independiente y, sin duda, supuestamente mejor del que hemos formado parte hasta ahora. Y en treinta días quieren tramitar tres de las leyes más relevantes. No hay mucho que decir. Aquí, cada uno que lo considere a su manera.

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Sexto. Considera que como depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente, no deberán tenerse en cuenta las decisiones de las instituciones del Estado español, y en concreto del Tribunal Constitucional, considerándolo deslegitimado a raíz de lo dispuesto en el Estatuto de Catalunya. Dejando a parte la deslegitimación deliberada de un órgano como es el Tribunal Constitucional, es sorprendente cómo ahora el Estatut resulta ser el motivo en el que se fundamentan para realizar dicha declaración. En el cuarto punto creía que ya no se le tendría en cuenta, que la Ley no es problema para ellos, si hay que saltársela, se salta. Pero no, en éste caso no. Es la Ley Orgánica 6/2006  la que otorga competencia a Catalunya para poder establecer una desconexión absoluta con cualquier decisión que el estado central pueda tomar.

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Séptimo. Adoptará las medidas necesarias para abrir el proceso de desconexión democrática, masiva, sostenida y pacífica con el Estado español. ¿A qué medidas se refieren? ¿Al referéndum ilegal convocado el 9 de noviembre de 2014? Puede que se refieran a la buena relación que ha habido hasta ahora entre Mas y Rajoy, o quizá a la tergiversación de la Diada Nacional de Catalunya en el día oficial al reclamo de la independencia. No, posiblemente sean los partidos de fútbol en los que se silva en el minuto 17.14,  o bien cuando suena el himno de España. La democracia y el pacifismo entre ambas partes no parece haberse establecido hasta ahora. Y no hace falta hablar en el ámbito nacional, sino que en Cataluña mismo tanto ciudadanos como partidos políticos de posturas opuestas frente a este tema no han sabido congeniar. Se ha cultivado una política en la que “o estás conmigo, o contra mi”.

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En penúltimo lugar, insta al futuro gobierno a cumplir exclusivamente las normas o mandatos de esta Cámara (el Parlament), con el fin de blindar los derechos fundamentales que puedan estar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español. Justificarse con “el fin de blindar derechos fundamentales que podrían estar afectados por el Estado español” es realizar una acusación un tanto vertiginosa. Puede que no se les esté otorgando ese “derecho fundamental” de decidir, pero para entenderlo como un ataque del Estado central a los derechos fundamentales de los catalanes, como si se tratara de una represión a la ciudadanía catalana, hay que tener muy buenas razones, que, de existir, aún no se han manifestado.

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Y, finalmente, clausura la propuesta de resolución declarando la voluntad de inicio de negociaciones con tal de hacer efectivo el mandato democrático de creación de un estado catalán independiente en forma de República, poniéndolo en conocimiento del Estado español, la Unión Europea y el conjunto de la Comunidad internacional. Era lo único que les faltaba por incluir, una cláusula en la que se informara a la UE, la Comunidad Internacional y al Estado español su disposición a negociar, puesto que hasta ahora no lo habían intentado y, por consiguiente, desconocen las posturas de estos miembros [nótese la ironía].

No por no ser el autor se es menos culpable. Cierto es que en Cataluña se esta siguiendo un procedimiento al margen de la Ley, impulsado por buena parte de los miembros. Sin embargo, desde el gobierno Estatal, no se ha realizado ninguna acción, ni siquiera de acercamiento a la otra postura. No se puede tolerar que un territorio obre de un modo déspota, pero tampoco es concebible que desde el Palacio de la Moncloa lo único que se haga es reivindicar la Unidad española, cobijados tras el 155 de la Constitución y decir garantizarla a base de falsas amenazas sin moverse siquiera de sus aposentos.

Y mientras, ellos seguirán por su camino. Y en un camino en el que ni la Ley ni la Orden tienen importancia alguna, lo más probable es que al final gobierne el caos, o dicho de otro modo, que al final gobiernen los susodichos autores de una “obra maestra” como ésta.

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